¿Por Qué Sostener Un Sistema de Transporte Público Inviable?

¿Porqué no existe en la jurisdicción local ninguna institución destinada a resguardar los derechos y garantizar la participación de los afectados, usuarios y consumidores, en un tema tan sensible como el del transporte público de pasajeros?

¿Porqué no se respetan los procedimientos institucionales que prohíben tratar por un año un proyecto que ha sido rechazado, cuando el proyecto de aumento fue rechazado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba el 14 de febrero próximo pasado?

¿Porqué se impide un debate público y la presencia de la ciudadanía en el foro donde se definen las decisiones que la afectan?

¿La legislación vigente acaso no establece que antes de considerar cualquier aumento en la tarifa debe comprobarse si la tarifa que abona el usuario refleja una adecuada contraprestación del servicio que utiliza?

¿Cuál es el costo del boleto del actual sistema que no satisface las necesidades de los usuarios?

¿Si el sistema es inviable económicamente y debe recibir subsidios de la nación por unidad, para el combustible, para el salario de los empleados y también subsidio del municipio, no es acaso necesario reformularlo?

¿Si un sistema debe ser sostenido con dineros públicos, no es acaso entonces público?

¿El apoyo estatal a un sistema inviable, no es acaso la promoción de la apropiación privada de la riqueza social?

¿Porqué se decide el apoyo a empresas sin mediar ninguna información precisa acerca del estado financiero de las mismas?

¿Si una unidad de transporte público tiene un costo de aproximadamente $400.000 y las empresas pretenden un subsidio de $14.000 pesos por mes, es decir $168.000 al año, la rentabilidad que pretenden para su inversión, suponiendo que SEA SUYA, no es acaso usuraria?

¿Qué los funcionarios de otras provincias o de la nación garanticen intereses usurarios a las empresas obliga a los funcionarios de córdoba a que lo hagan?

¿La garantía del derecho a la información acaso no debe posibilitar la apertura de las cuentas de las empresas para disponer de información veraz respecto al dinero recaudado y su destino, dinero que ha sido aportado por los usuarios a través del pago de la tarifa y también con fondos públicos nacionales y municipales?

¿No es caso indispensable para la toma de decisiones públicas que se conozcan los márgenes brutos de explotación de las empresas en los últimos años y se realice una correcta evaluación de los registros y estados contables para considerar cualquier incremento de la tarifa?.

¿En base a los calamitosos antecedentes de la licitación realizada en la época de Kamerath y a las anomalías en las contrataciones, acaso no resulta indispensable la evaluación de los antecedentes económicos financieros, societarios y judiciales de las empresas y una auditoría de los juicios civiles por daños y perjuicios entablados que poseen a fin de garantizar que el Estado a la larga no termine siendo el garante principal de la ganancia privada?

¿Las autoridades estatales efectúan el debido control de la prestación del servicio o dejan sin garantía los derechos constitucionales de los usuarios y el interés general?

Cecilia Carrizo
Asamblea de Usuari@s y Vecin@s